El adelantamiento fáctico del reloj electoral en Tucumán no responde a debates de gestión, sino a una rigurosa operación de control de daños y reparto de activos entre las cúpulas del poder. Para el círculo rojo provincial, que conoce al detalle la trastienda de la Casa de Gobierno y la Legislatura, los movimientos de las últimas semanas exponen un escenario de desconfianza cruzada de tres bandas. Se trata de un tablero donde los casilleros institucionales se utilizan para neutralizar amenazas mutuas y donde la disciplina partidaria tradicional cruje ante el pragmatismo individual de sus protagonistas.
La primera estocada del gobernador Osvaldo Jaldo expuso esta lógica con claridad. Al ironizar sobre las recorridas de Juan Manzur señalando que "está bien que empiece a trabajar", el mandatario apuntó directo al talón de Aquiles del senador nacional: las mediciones de las consultoras locales reflejan que Manzur es quien hoy carga con el lastre de una alta imagen negativa, lo que limita severamente su margen de maniobra para una candidatura personal de carácter competitivo. En esa misma línea de centralidad se inscribe la prematura bendición a Miguel Acevedo para repetir la fórmula gubernamental en 2027. Lejos de ser una muestra de confianza ciega, en los despachos del Ejecutivo admiten que el gobernador no confía plenamente en su vice, la jugada de Jaldo fue un movimiento táctico para congelar las ambiciones de la dirigencia y ganar tiempo estratégico.
El sismo político se profundizó por la reacción del propio Acevedo, que terminó por desarticular la estrategia del búnker manzurista. Buscando un precario equilibrio en la interna, el presidente de la Legislatura venía acompañando la línea del gobernador con cuestionamientos apenas tibios. Pero al recibir la bendición jaldista para 2027, el vicegobernador abandonó el libreto de la resistencia y celebró públicamente la postulación. Esta actitud festiva dinamitó los planes de Manzur, quien pretendía utilizar el casillero de la vicegobernación como una carta de cambio de alto precio o como su propio trampolín de regreso. Al cortarse solo para asegurar su supervivencia institucional, Acevedo encendió las alarmas de un Manzur que ahora desconfía profundamente de su lealtad y ve licuado su poder de extorsión interna.
Ante esta pérdida de control, la contraofensiva manzurista operó mediante el manual clásico de la amenaza periférica. La irrupción del dirigente Fernando Said Juri Debo planteando una postulación de Manzur por fuera del Partido Justicialista buscó encarecer las acciones del espacio para forzar a Jaldo a abrir una mesa de diálogo bajo la bandera de la "unidad". Sin embargo, la reacción del núcleo duro jaldista fue inmediata. El ministro de Interior, Darío Monteros, salió al cruce para ratificar el liderazgo absoluto del gobernador y neutralizar la operación exponiendo la terminal de la cual provenía la entrevista: un medio de comunicación perteneciente al diputado nacional Carlos Cisneros.
Con este movimiento, el jaldismo desnudó los intereses corporativos y gremiales que financian la disidencia interna. Cisneros, referente de la Asociación Bancaria, perdió todo diálogo con el gobernador a principios de año luego de que el Ejecutivo le quitara el control histórico de la Caja Popular de Ahorros. Al ligar el ataque de Juri Debo con el despecho político de un sector sindical desplazado de las cajas provinciales, Monteros desactivó el impacto de la crítica y ejecutó un giro pragmático típicamente peronista: llamó a la unidad partidaria, pero redirigiendo el objetivo hacia la necesidad de recuperar los municipios gobernados por la oposición.
Este escenario de desconfianza mutua respecto a la fidelidad de Acevedo reactiva los planes de reserva de Manzur. Si el actual vicegobernador se consolida como una pieza enteramente funcional a la Casa de Gobierno, la verdadera carta de cambio con volumen político que le queda al manzurismo para forzar un contrapeso real en la fórmula de 2027 es Rossana Chahla. Impulsar a la intendenta capitalina para la vicegobernación permitiría desplazar a un Acevedo bajo sospecha y plantar una figura con alta competitividad electoral dentro del binomio oficialista. Esta carambola habilitaría una transacción de escala mayor: liberar la intendencia de San Miguel de Tucumán y entregársela al esquema nacional libertario como prenda de paz, asegurando que la Casa Rosada resigne la disputa por la provincia.
La reorganización del arco opositor y las terminales nacionales
Este esquema de asignación de territorios encuentra su encastre perfecto en las necesidades tácticas de La Libertad Avanza y sus aliados locales. El apuntalamiento de Lisandro Catalán como el referente de la estructura nacional en el distrito, sumado a la operación de pinzas que ejecutan los intendentes y legisladores radicales afines al gobierno de Javier Milei, fundamentalmente Mariano Campero y Roberto Sánchez, adquiere una racionalidad estrictamente utilitaria bajo esta perspectiva de distribución.
Para este bloque opositor, la posibilidad de acceder al control de la intendencia capitalina sin el desgaste financiero y logístico de enfrentar al aparato del PJ en los departamentos del interior representa el escenario de máxima rentabilidad. Les otorga una caja de resonancia institucional inigualable en el norte argentino y una plataforma real para consolidar la marca partidaria. Al mismo tiempo, a Campero y Sánchez les provee de la herramienta necesaria para acelerar la jubilación de la vieja guardia de la Unión Cívica Radical tucumana mediante un éxito de gestión concreto. Así, el círculo rojo asiste al diseño de un pacto de coexistencia donde los actores principales prefieren asegurar parcelas de poder concretas antes que arriesgar su supervivencia en una confrontación abierta.
