Un análisis de Sello 360° sobre el intento del Gobierno de tapar la crisis económica desempolvando leyes de 2011, apelando al "modo Galtieri" y cediendo soberanía logística en el Atlántico Sur.
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| Imagen ilustrativa generada con Inteligencia Artificial (IA). |
Malvinas no es un expediente frío de cancillería ni un tema más en la agenda informativa; es una fibra sensible que nos atraviesa el cuerpo a todos los argentinos. Lo vimos clarísimo cuando la bandera con la leyenda explícita "Las Malvinas son argentinas" volvió a erizar la piel de un país entero en estadios y movilizaciones, demostrando que la causa nacional une a la gente por encima de cualquier diferencia política. Esa emoción colectiva es un patrimonio genuino de la sociedad. Por eso mismo, resulta tan indignante cuando desde el poder central intentan apoderarse de ese sentimiento sagrado para convertirlo en un recurso de campaña electoral.
Diversos analistas advierten que la repentina sobreactuación patriotera promovida por el presidente Javier Milei busca una meta clara: distraer a la sociedad de los graves y profundos problemas económicos y sociales que golpean el día a día. Se trata de una maniobra con un antecedente oscuro en nuestra historia reciente, que evoca la estrategia utilizada por la Junta Militar en 1982 para intentar tapar el colapso interno. En esa misma línea, la especialista en política internacional Alicia Castro desnudó la jugada al señalar que el Poder Ejecutivo está funcionando en un peligroso "modo Galtieri", buscando una maniobra de distracción masiva mientras la administración de Donald Trump trata a la Argentina y a la cuestión Malvinas como si fuera un activo propio para jugar según sus intereses geopolíticos.
Para el ciudadano que escuchó la reciente cadena nacional, el anuncio de sanciones duras contra las petroleras extranjeras que explotan nuestro mar puede sonar como un acto de coraje. Sin embargo, cuando se rasca la superficie del discurso oficial y se consulta con expertos en energía e hidrocarburos, el montaje queda al descubierto. Las penalizaciones contra firmas como Navitas Petroleum por el proyecto Sea Lion no son un invento de esta gestión: son la simple aplicación de la Ley 26.659, aprobada en 2011, que ya castigaba cualquier operación offshore no autorizada en nuestra plataforma continental. Vender como un logro inédito la aplicación de una ley que lleva quince años escrita es pura publicidad política a costo cero.
El contraste entre este fervor de ocasión y la conducta previa del Poder Ejecutivo vuelve el cuadro todavía más transparente. Resulta llamativo que un espacio político que en el pasado cuestionó la exhibición de pancartas con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" bajo la excusa de no politizar, defendió la autodeterminación de los isleños y expresó admiración por Margaret Thatcher, ahora intente embanderarse en la causa nacional. Pasar de la frialdad al ardor patrio cuando las encuestas aprietan demuestra que Malvinas no funciona para la gestión como una política de Estado innegociable, sino como un comodín discursivo maleable.
Detrás de la escenografía montada desde la Casa Rosada se esconde, además, una paradoja geopolítica preocupante. La amenaza de sanciones choca de frente con las propias alianzas del Poder Ejecutivo: el megaproyecto offshore Sea Lion, que busca extraer más de 500 millones de barriles de petróleo argentino, está liderado por Navitas Petroleum, una compañía de origen israelí.
Malvinas pertenece a los veteranos, a los caídos y a cada argentino que entiende que el suelo patrio no se negocia. Pretender tapar la crisis social con un manotazo patriotera, imitando recetas del pasado y reempaquetando leyes existentes, es una falta de respeto a la memoria y a la inteligencia de la gente. La verdadera soberanía exige coherencia, dignidad y medidas serias, no puestas en escena diseñadas para arañar un voto de ocasión.
