Sin acceso al documento legal, la gestión provincial comunicó el cierre paritario mediante gacetillas. La liquidación destruye el relato: el promocionado 11% esconde el pago de una deuda vieja, porcentajes irrisorios a futuro y bonos fijos disfrazados de "novedad", mientras el sur tucumano expone el colapso del sistema.


El cierre de la paritaria docente en Tucumán para el primer semestre de 2026 expone una anomalía administrativa grave: el Estado provincial, bajo la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo y la ministra de Educación, Susana Montaldo, comunicó el acuerdo salarial mediante gacetillas de prensa. En paralelo, las conducciones sindicales de Hugo Brito (ATEP) e Isabel Ruíz (APEMyS) lo hicieron mediante flyers en redes sociales. Sin embargo, el acta oficial rubricada se mantiene oculta al escrutinio público. En la administración estatal, una gacetilla es propaganda; solo el documento legal obliga y transparenta el uso de los fondos.

La falta de acceso al texto oficial sirvió para enmascarar la ingeniería financiera del acuerdo. El gobierno y los gremios publicitaron un "aumento del 11%", una cifra que la técnica contable desmiente de plano. Ese porcentaje es un ensamblaje artificial: un 8,43% corresponde estrictamente a la recomposición de una deuda atrasada por inflación de meses anteriores, dejando apenas un 2,6% como incremento salarial real a futuro. Llamar "aumento" al pago de un pasivo licuado es una falacia administrativa.

El impacto de esta maniobra quedó expuesto en los cajeros automáticos. El gobierno publicitó que la recomposición del 8,43% dejaría "unos $70.000 de bolsillo". Sin embargo, al liquidarse este porcentaje sobre el sueldo conformado total, la medida desnudó una asimetría brutal en el padrón. Mientras las franjas superiores del escalafón superaron esa barrera, la base de la pirámide recibió cifras irrisorias, exponiendo la distorsión del sistema.

El análisis público de las liquidaciones, aportado por docentes de base, funciona como caso testigo de esta fractura: al aplicar el 8,43% sobre un salario de bolsillo ya deprimido, en un cargo de 3 horas el incremento real es de apenas $15.000. La situación se agrava al auditar la letra chica de la liquidación, que excluye a las horas adicionales: el segundo cargo queda con un ajuste de cero pesos, pulverizando el poder adquisitivo de quienes sostienen doble jornada.

Para sostener el relato del "millón de pesos" hacia junio, el esquema inyectó otra variable celebrada por las cúpulas sindicales como una "novedad diferenciadora": el pago de $50.000 por título. Lejos de ser un logro estructural, esta cifra es otra suma fija no remunerativa que actúa como un parche. Al no integrarse al salario básico bonificable, el pago por título no derrama sobre la antigüedad ni la zona, achatando aún más la pirámide del escalafón y consolidando salarios de pobreza para la docencia de trinchera, lo que ha detonado el repudio generalizado de los sectores autoconvocados y las bases docentes hacia sus representantes.

A esta precarización financiera se suma el colapso de la infraestructura provincial, que expone una transferencia de responsabilidades del Estado hacia los trabajadores. Durante las recientes inundaciones en el sur tucumano, el Ministerio de Educación operó de facto delegando en el personal docente la gestión civil de los centros de evacuados. Este despliegue, que obligó a educadores a permanecer aislados dentro de los edificios escolares cumpliendo tareas de contención sanitaria y alimentaria, representa una asunción de riesgo y una extensión forzosa de la jornada laboral sin ningún tipo de estructuración ni reconocimiento en los esquemas paritarios.

La administración de Jaldo y las conducciones gremiales no solo licúan el escalafón con sumas en negro que desfinancian la caja jubilatoria, sino que presentan escenarios de recomposición de deuda como logros salariales. En Tucumán, la paritaria no recompone; ajusta en las sombras.