La publicación del Decreto N° 487/3 en el Boletín Oficial, que formaliza el acuerdo salarial docente en Tucumán, funciona como una confesión de partes. Tras publicitar mediante gacetillas y portales afines un supuesto piso salarial de $970.000 "desde marzo", la letra chica del documento legal rubricado por el gobernador Osvaldo Jaldo, sus ministros y los representantes gremiales, confirma la auditoría contable: la paritaria no es un plan de recomposición, sino un esquema de precarización estructural.
El falso mínimo de marzo
El decreto revela una asimetría salarial que fue ocultada en los anuncios. Mientras la propaganda oficial fijó el piso de $970.000 para "marzo" (Art. 15), la auditoría del documento legal expone que el salario mínimo garantizado para el mes de febrero (Art. 7) fue de apenas $870.500. Con esta maniobra, el Ejecutivo vendió como acuerdo total un monto que en el mes clave del inicio del ciclo lectivo representó una diferencia de $100.000 menos en el bolsillo de los docentes. No hubo un salario garantizado de $970.000; hubo dos mínimos distintos y asimétricos.
Segundo cargo excluido
El artículo 14 del decreto oficializa el congelamiento que ya evidenciaban los recibos de sueldo reales. Establece el pago de un adicional no remunerativo de $70.000, pero la trampa reside en la condición de pago: se liquidará "por agente para cargos de 145 puntos o más". Al pagarse por agente y exigir un piso alto de puntaje, el docente que acumula horas cátedra fraccionadas o que posee un segundo cargo para alcanzar la canasta básica queda total y legalmente excluido. Para el Estado tucumano, el segundo cargo vale cero pesos.
Cláusula de revisión engañosa
El relato oficial publicitó que los salarios estarían resguardados con revisiones en junio, septiembre y diciembre según los índices del INDEC. El texto del decreto (Art. 16, 17 y 18) revela que esto es una ficción administrativa. La cláusula establece que las actualizaciones se aplicarán "siempre y cuando la evolución de la recaudación provincial lo permita". Con esta maniobra, el Ejecutivo transfiere su propio riesgo financiero al bolsillo del trabajador: si la inflación se dispara pero el gobierno recauda menos, el salario docente quedará congelado. No es una cláusula gatillo, es un cepo presupuestario.
Ver Decreto N° 487/3
