Tras la fuerte presión del bloque regional, el Gobierno Nacional oficializó la flexibilización para elevar el corte de alcohol en naftas al 15%. Sin embargo, la resolución esconde un detalle técnico: el aumento no es por ley, sino optativo para las petroleras. Mientras Tucumán asegura su capacidad instalada para salvar la zafra 2026, el éxito de la medida dependerá de la rentabilidad de YPF y Shell. El espejo de Brasil demuestra que las excusas mecánicas son un mito corporativo.
El debate energético nacional acaba de dar un giro definitivo a favor de la matriz productiva del norte argentino. A través de la Resolución 79/2026, la Secretaría de Energía de la Nación modificó las especificaciones técnicas de los combustibles, elevando el límite máximo de oxígeno permitido en las naftas. En la práctica, esto flexibiliza el tope histórico y habilita formalmente a que el corte de bioetanol salte del 12% al 15%.
Para la agroindustria local, este salto no es una victoria ecológica, es pura supervivencia económica. No obstante, la auditoría del texto oficial y el cruce de declaraciones revelan un escenario complejo donde la última palabra no la tiene el Estado, sino las refinerías.
La urgencia del NOA: "Vida o muerte"
La medida nacional no nació del consenso, sino de la urgencia de las provincias productoras. Días atrás, durante la planificación regional de la zafra 2026, el gobernador Osvaldo Jaldo había trazado el objetivo innegociable del bloque: "Exportar el azúcar necesario, producir el cien por cien del bioetanol y no sobreofertar el mercado interno".
El sector privado es aún más crudo sobre esta realidad: "El tema de los biocombustibles es la vida o la muerte de la industria azucarera", sentenció Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Unión Industrial de Tucumán (UIT). Y no es una exageración: la matemática de la caña es binaria. Si el excedente no se destila como alcohol, inunda el mercado interno de azúcar y destruye los precios, quebrando a los productores. Que las petroleras absorban esos millones de litros extra funciona como la "esponja" macroeconómica indispensable para que la zafra no colapse.
La letra chica nacional: un techo del 15%, pero un piso del 12%
Desde el Gobierno Nacional justificaron la firma argumentando que la actualización permite responder "en forma más eficiente a los movimientos del precio internacional del petróleo" y a mejoras en la eficiencia de la combustión. Sin embargo, la auditoría del texto oficial (Resolución de la Secretaría de Energía, 26/03/2026) esconde un cepo técnico: la norma modifica las especificaciones de calidad para admitir "hasta un 15%" de bioetanol, pero no modifica la Ley 27.640 que fija el corte obligatorio.
En la práctica, el Estado subió el "techo" técnico, pero mantuvo el "piso" legal en 12%. El incremento de esos tres puntos queda en un limbo de adhesión estrictamente voluntaria. La Secretaría de Energía, a cargo de María Carmen Tettamanti, le transfirió la decisión final a empresas como como YPF, Raízen (Shell) y Trafigura (Puma), quienes evaluarán si les resulta más rentable aprovechar ese margen técnico diluyendo sus combustibles fósiles con alcohol de los ingenios, o seguir cortando al 12% mínimo legal.
Capacidad instalada y el espejo de Brasil
La resistencia histórica siempre provino del lobby automotriz, argumentando posibles fallas mecánicas. Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino, respaldó la medida garantizando que "la industria nacional cuenta con capacidad instalada disponible para aumentar la producción actual", absorbiendo sin problemas la demanda extra.
Si se requiere evidencia empírica para sepultar el mito de los motores rotos, basta mirar la frontera. Brasil fabrica el mismo parque automotor que circula en Argentina y opera por ley con un corte obligatorio del 27%. El país vecino construyó una política de Estado que blindó su industria cañera sin que los vehículos colapsen en las autopistas.
El salto al 15% en Argentina ya es legal, pero frente al estándar del Mercosur, sigue siendo una medida tímida. El desafío de Tucumán ahora es monitorear los surtidores para garantizar que las petroleras usen esos tres puntos extra y no dejen a la provincia con el alcohol en los tanques.
