Esperar el colectivo en Tucumán se ha convertido en un ejercicio de paciencia y, sobre todo, de resignación. Mientras el Gobierno provincial acaba de anunciar un nuevo parche de 2.000 millones de pesos para evitar un paro inminente, el usuario sigue siendo el último orejón del tarro en una disputa que parece no tener fin. La pregunta que se hace cualquier vecino en la parada es simple: ¿a dónde va a parar tanta plata si cada día se viaja peor?

Foto generada con Inteligencia Artificial (IA)

La realidad es que el transporte en la provincia está atrapado en un sistema de auxilio triple que no da resultados. Durante el último año, las empresas no solo recibieron los subsidios mensuales que todos conocemos. En 2025, tanto la Provincia como la Municipalidad de la Capital les otorgaron créditos y préstamos destinados exclusivamente a renovar las unidades. El resultado está a la vista: los colectivos nuevos son una excepción y no la regla. De hecho, hace apenas unos días, el Gobierno de Osvaldo Jaldo tuvo que darles un respiro extra de 18 meses para que empiecen a devolver esos créditos porque, según los empresarios de AETAT, no tienen un centavo.

Para justificar este colapso, los empresarios del transporte público ahora miran al mapa mundial. Dicen que el aumento del gasoil es culpa de la guerra en Medio Oriente y de la subida del petróleo a nivel global. Es el escudo perfecto: culpar a un conflicto a miles de kilómetros para no explicar por qué las unidades no tienen mantenimiento básico, por qué los motores se funden en pleno centro o por qué las frecuencias son cada vez más espaciadas. Es más fácil hablar del precio del barril que de la falta de inversión local.

En medio de este caos, el tucumano ya tomó una decisión. Ante la incertidumbre de si el colectivo va a pasar en horario  o si habrá paro, la gente se volcó masivamente a las aplicaciones de transporte. El crecimiento de Uber y la reciente formalización de Cabify en la capital —concretada por la gestión de Rossana Chahla apenas el 8 de abril— son la prueba de que el usuario prefiere pagar un poco más por un servicio que llega a tiempo y tiene aire acondicionado, antes que seguir financiando con sus impuestos a un sistema de colectivos que se cae a pedazos.

El problema es que el Estado sigue actuando como un cajero automático que entrega billetes para apagar incendios momentáneos. Se quema dinero público en un modelo que el usuario ya empezó a abandonar. Mientras la Nación se desentiende, la Provincia emite cheques y el Municipio intenta poner orden, el ciudadano sigue atrapado en un laberinto de excusas y mala calidad. La solución no es más plata para los mismos de siempre; es un plan de fondo que entienda que el monopolio del colectivo, tal como lo conocemos, ya perdió la batalla frente a la eficiencia y el respeto por el tiempo de la gente.